Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Las estimaciones entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo Coordinador Empresarial, advierten una baja participación en la elección extraordinaria del Poder Judicial, toda vez que “apenas entre un 15-20 por ciento de los electores saldría a sufragar”.

A través de sus redes sociales, el Consejo Coordinador Empresarial, organismo autónomo que representa al sector empresarial y regula acciones de organismos de diversos sectores empresariales en México, subrayó que la baja participación electoral va a deslegitimar el proceso y más pronto se podrá revertir. 

“Si logramos una votación ínfima, muy baja, va a deslegitimar este proceso y más pronto lo vamos a revertir, nosotros estamos confiados en que tarde que temprano esta reforma tiene que revocarse, tiene que echarse atrás en aras de mejorar la justicia en el país”, se lee en la postura del CCE.

Por si fuera poco, el organismo autónomo sostuvo que a diez días de iniciadas las campañas judiciales, se está viendo un proceso bochornoso en el que se está arrojando al escenario político a personas que están acostumbradas a estar detrás de un escritorio estudiando. 

“Se ven casos muy lamentables, bochornosos, en los que con tal de ser popular y ganar simpatías a veces caen en la ridiculez o en situaciones que no son las adecuadas, como la mujer que muestra su cuerpo para decir que es una juez que va a cumplir con la justicia; el joven utilizando el chicharrón haciendo alegorías extrañas; y miembros del crimen organizado con sus candidatos.”

Es por ello que respaldan el planteamiento que hará el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ante el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que los Poderes de la Unión y todos los servidores públicos puedan promover la elección judicial.

“Siempre que se respeten los principios de imparcialidad y neutralidad, y no se promuevan a personas servidoras públicas, y menos aún, que beneficien o perjudiquen a alguna candidatura”.

A través de un proyecto de resolución, el magistrado propone modificar el acuerdo del INE por el que se aprobaron los criterios para garantizar la equidad en la elección del Poder Judicial y en el cual prohibió a todos los gobiernos y funcionarios promover estos comicios.

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